Comunidad Colombiana

"Dije que yo había sido cuando las trabajadores sociales me preguntaron quién había cometido el delito (...) pero después, a mi abogado, le dije que yo no hice nada (...) luego, no sé qué pasó (...) lo importante es que estoy libre".

El relato es de un menor de edad procesado por la justicia de menores y lo recoge un estudio de la Procuraduría, llamado Pantalones cortos y mochilas rotas, que desnuda las fallas del Sistema Penal Oral para Adolescentes (Spra) y de la Ley que entró en vigencia en el 2006.

La investigación detectó que faltan infraestructura y logística, el presupuesto es bajo, hay poca preparación de los funcionarios que enfrentan esta problemática, no existe trabajo en equipo y, en suma, el sistema no está cumpliendo con el objetivo de rehabilitar y resocializar a los menores infractores.

"Este es mi tercer ingreso. Antes había caído por hurto, pero, relajado, 'cucho', usted sabe, uno va y viene; la verdad, esta vez yo negué todo, pero el man que me defendía me dijo que dijera la verdad después y yo no quise; por eso creo que se demoró más", dice un adolescente citado por el estudio.

La investigación encontró, además, que los jóvenes infractores saben cómo sacarles ventaja a las fisuras de la Ley.

Una adolescente, de 16 años, que en un robo hirió con arma blanca a su víctima, en el momento de ser sorprendida por la Policía, instigó a los uniformados para que la requisaran. Como no lo logró, fingió tornarse agresiva y mostró el cuchillo que llevaba consigo, por lo que los agentes debieron usar la fuerza y esposarla.

"Me hice un morado en un brazo, es el lugar más visible y le dije al juez que habían sido los policías (...) me dejaron libre porque dijeron que la fuerza no se debe utilizar y que a un menor no se le debe esposar por ningún motivo (...) antes lo había hecho y funcionó", contó.

Otra de las falencias es la falta de una base de datos confiable del número de jóvenes vinculados al sistema. La Policía, entre marzo del 2007 y junio de este año, reportó la entrega a jueces de 20.104 adolescentes entre los 14 y los 17 años; la Fiscalía, en cambio, dice que habían sido 24.288 menores, y el (Icbf), 22.793.

Por falta de centros de rehabilitación en ciudades de la costa atlántica, como Valledupar y Montería, los menores infractores deben ser trasladados hasta Cartagena. Lo paradójico es que funcionarios encargados de esa tarea han tenido que pagar los desplazamientos de su bolsillo.

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